GINEBRA, 19 de febrero de 2024
Expertos de las Naciones Unidas expresaron su preocupación ante las creíbles acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos sufridas por mujeres y niñas palestinas en la Franja de Gaza y Cisjordania. Estas acusaciones revelan una escalada preocupante de la violencia en el contexto de la prolongada ocupación ilegal israelí.
Según los informes recibidos, mujeres y niñas palestinas han sido ejecutadas arbitrariamente en Gaza, muchas veces junto con sus familiares, incluidos sus hijos. “Nos sorprenden los informes del objetivo deliberado y la ejecución extrajudicial de mujeres y niños palestinos en lugares donde buscaron refugio o mientras huían. Según los informes, algunas de ellas tenían piezas de tela blanca cuando fueron asesinadas por el ejército israelí o fuerzas afiliadas”, dijeron los expertos.
Además, los expertos expresaron seria preocupación por la detención arbitraria de cientos de mujeres y niñas palestinas, incluidas defensoras de los derechos humanos, periodistas y trabajadoras humanitarias, en Gaza y Cisjordania desde el 7 de octubre. Muchas de estas detenidas han sido sometidas a tratos inhumanos, incluyendo la negación de productos básicos como almohadillas menstruales, alimentos y medicinas, y han sido severamente golpeadas. Se han reportado casos especialmente alarmantes, como el de mujeres palestinas detenidas en Gaza que habrían sido mantenidas en condiciones extremadamente adversas, incluso en una jaula a la intemperie durante la lluvia y el frío, sin acceso a comida.
“Nos preocupa especialmente que se haya informado que mujeres y niñas palestinas en detención también han sido objeto de múltiples formas de agresión sexual, como ser desnudadas y registradas por oficiales masculinos del ejército de ocupación israelí. Se informa que al menos dos mujeres palestinas detenidas fueron violadas mientras que otras supuestamente fueron amenazadas con violación y violencia sexual”, dijeron los expertos. También señalaron que se habrían tomado fotos de detenidas en situaciones degradantes por parte del ejército israelí y se habrían subido en línea.
Los expertos expresaron su preocupación por el hecho de que un número desconocido de mujeres y niños palestinos, incluidas niñas, han desaparecido después de entrar en contacto con el ejército israelí en Gaza. “Hay informes alarmantes de al menos un bebé femenino transferido por la fuerza por el ejército israelí a Israel, y de niños separados de sus padres, cuyo paradero se desconoce”, dijeron.
“Recordamos al Gobierno de Israel su obligación de garantizar el derecho a la vida, la seguridad, la salud y la dignidad de las mujeres y niñas palestinas y de asegurar que nadie sea sometido a violencia, tortura, malos tratos o trato degradante, incluida la violencia sexual”, dijeron los expertos.
Pidieron una investigación independiente, imparcial, pronta, exhaustiva y efectiva de las acusaciones y que el estado genocida israelí coopere con dichas investigaciones.
“Tomados en conjunto, estos presuntos actos pueden constituir graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y humanitario, y constituir graves crímenes en virtud del derecho internacional penal que podrían ser procesados en virtud del Estatuto de Roma”, dijeron los expertos. “Los responsables de estos presuntos crímenes deben rendir cuentas y las víctimas y sus familias tienen derecho a plena reparación y justicia”, agregaron.
Los expertos designados son parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Este grupo incluye a Reem Alsalem, Francesca Albanese, Dorothy Estrada Tanck, Claudia Flores, Ivana Krstić, Haina Lu y Laura Nyirinkindi. Estos expertos tienen la responsabilidad de abordar situaciones específicas de países o temas temáticos en todo el mundo en relación con los derechos humanos. Trabajan de manera voluntaria y son independientes de cualquier gobierno u organización. Su labor es crucial para investigar y monitorear el cumplimiento de los derechos humanos en diversas áreas.
De acuerdo con un artículo publicado por el medio de comunicación “Middle East Eye”, El régimen de colonización israelí, ha tomado acciones contra una ONG palestina, Defense for Children International-Palestine, o DCIP, después de que esta organización denunciara la violación de un niño palestino por parte de fuerzas israelíes ante el Departamento de Estado de EE. UU. en 2021. Estas denuncias llevaron a las autoridades del apartheid israelí a tomar represalias contra la ONG, allanando sus oficinas y etiquetándola como una organización terrorista. Esta medida fue desencadenada por una queja presentada por el Departamento de Estado de EE. UU. con respecto a la violación del niño palestino de 15 años en el centro de detención de Al-Mascobiyya en Jerusalén Oeste.
Este incidente se vuelve aún más significativo en el contexto de la renuncia de Josh Paul al Departamento de Estado de EE. UU. en protesta por las ventas de armas a Israel. Paul, exfuncionario del Departamento de Estado, destacó la preocupación ética y política en torno al apoyo de EE. UU. a Israel y las repercusiones para las organizaciones palestinas que denuncian abusos. Su renuncia resalta las tensiones existentes dentro de la política exterior estadounidense y subraya la necesidad de abordar las complejidades éticas asociadas con el apoyo militar a Israel.
En febrero de 2021, el DCIP publicó un informe detallando el asalto físico y sexual perpetrado contra un niño palestino de 15 años por un interrogador israelí en la instalación de Al-Mascobiyya. El informe reveló que el detenido fue violado con un objeto y sometido a tortura genital. Las acciones tomadas contra el DCIP no se detuvieron ahí. Las oficinas de la ONG fueron allanadas en dos ocasiones por las fuerzas israelíes, en julio de 2021 y nuevamente en agosto de 2022, junto con otras siete ONG palestinas, siendo catalogadas como “entidades terroristas”.
A pesar de las numerosas quejas sin resolver presentadas a las autoridades del régimen colonizador israelí, fue la denuncia ante el Departamento de Estado de EE. UU. la que desencadenó la represión contra el DCIP. La conexión entre esta denuncia y los posteriores allanamientos fue señalada por Paul, lo que provocó una mayor atención sobre las acciones represivas contra la ONG. En octubre de 2021, el DCIP fue oficialmente designado como una organización terrorista por las autoridades israelíes, junto con otras cinco ONG palestinas. Esta medida fue ampliamente condenada por el comisionado de derechos humanos de la ONU como un ataque directo al movimiento de derechos humanos palestino y a los derechos humanos en general.
La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para abordar estas graves violaciones de los derechos humanos y asegurar que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre los presuntos crímenes cometidos. Es fundamental que se garantice la protección y la justicia para las mujeres y niñas palestinas que han sido víctimas de estas atrocidades.
En un artículo publicado por el mismo medio, se ha denunciado una serie de abusos y violaciones de los derechos humanos en contra de mujeres palestinas que se encuentran detenidas en cárceles israelíes. Según el testimonio de una ex prisionera palestina liberada, las mujeres enfrentaron amenazas de agresión sexual y fueron sometidas a golpizas, incluso estando desnudas en los baños de la prisión. Ruqayah Amra, una de las prisioneras palestinas liberadas como parte del acuerdo de alto el fuego entre las facciones de resistencia palestina, hizo estas impactantes afirmaciones durante una entrevista con Al Jazeera Arabic TV.
Amra relató que los guardias israelíes amenazaban a las prisioneras, mostrándoles videos manipulados y advirtiéndoles sobre lo que les harían. Estas acusaciones se suman a testimonios anteriores reportados por Middle East Eye, que indican que los guardias israelíes han amenazado con agresiones sexuales y han agredido a las reclusas dentro de sus celdas.
En el contexto del apartheid israelí, y de una opresión, deshumanización sistemática y con una aplicación de la violencia institucionalizada por el Estado colonizador, las mujeres y niñas palestinas han denunciado durante años las violaciones y agresiones que sufren, lo que evidencia un patrón de violencia persistente y sistémica. Este patrón ha sido corroborado por denuncias anteriores, gracias a organizaciones como la Asociación Cultural y de Libre Pensamiento (CFTA) y las coaliciones Wessal y Amal, que han documentado los abusos sexuales sufridos por mujeres palestinas en cárceles israelíes, destacando cómo la ocupación israelí agrava la violencia contra las mujeres palestinas.
La violación es un arma que el colonizador sionista ha usado durante décadas contra las mujeres palestinas colonizadas, desde el inicio de su proyecto en Palestina. Durante la Nakba (1947/1948), en adición de las matanzas, los invasores han perpetrado el crimen de violación a mujeres y niñas palestinas de forma sistemática, generando el terror entre la población civil que empujando a los aldeanos a huir.
En 2005, la fiscalía israelí presentó un cargo de violación contra el oficial de la guardia israelí Oded Zachariah, que trabajaba en el asentamiento Ma’ale Adumim en Jerusalén. La acusación reveló que Zachariah había agredido sexualmente una niña palestina de 14 años, la violó 10 veces, mientras que el mismo guardia violó a punta de pistola a otra joven de 23 años.
Los repetidos incidentes de violación y agresión sexual cometidos por soldados de la ocupación israelí indican que se trata de un comportamiento sistemático, sobre todo porque los agresores suelen eludir el castigo o son objeto de castigos simbólicos y leves. El tribunal israelí devolvió a un oficial israelí al ejército después de que fuera despedido tras su condena por violar a una mujer palestina durante su servicio en la Administración Civil entre 2013 y 2015. El ejército israelí había ocultado los detalles del crimen durante cinco años antes de verse obligado a revelarlos. Luego, el ejército justificó impedir la publicación de los detalles afirmando que constituían un “peligro para la seguridad nacional”.
En 2002, el Rabino Eyal Karim más tarde seria el Rabino de Ejercito de ocupación israelí, justificó la violación de mujeres no judías en tiempos de guerra. Karim aseguró entonces que “pese a que confraternizar con una mujer gentil es muy grave, esto es permisible en tiempos de guerra”, un hecho que la Torá había permitido para “satisfacer las inclinaciones malignas”.
El documental “To See if I’m Smiling”, producido y dirigido por la ex soldado israelí Tamar Yarom en 2007, expone testimonios impactantes que revelan la gravedad de la situación. En el documental se muestra el testimonio de una soldado israelí que relata un incidente en el que abusaron de un prisionero palestino. Estos testimonios ponen de manifiesto la urgente necesidad de abordar esta situación y garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas involucradas.
Es responsabilidad de todos los Estados, así como de las organizaciones internacionales, trabajar juntos para garantizar que se respeten los derechos humanos fundamentales en todas partes del mundo, y que aquellos que perpetúan violaciones sean llevados ante la justicia. Los ojos del mundo están puestos en esta situación, y es crucial que se tomen medidas inmediatas para proteger a las mujeres y niñas palestinas y garantizar que se haga justicia.
La protección de los derechos humanos es una responsabilidad compartida que no puede ser eludida. Es hora de actuar con determinación y empatía para poner fin a estas atrocidades y garantizar que se haga justicia para las víctimas.
La comunidad internacional tiene el deber moral y legal de intervenir para proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos y garantizar que se haga justicia. La paz y la justicia solo pueden lograrse a través del respeto irrestricto de los derechos humanos, y es responsabilidad de todos trabajar juntos para hacer realidad esta visión.
AGF
