A abril de 2023 hay más de 4.900 prisioneros políticos palestinos en las cárceles de la ocupación israelí. Entre ellos más de 30 mujeres, 300 niños, 700 enfermos y 1.016 son de detención administrativa
resumen
Los palestinos han sido sometidos a una de las tasas más altas de encarcelamiento en
el mundo. Desde 1967, Israel ha detenido y encarcelado a más de un millón de palestinos como parte de una política sistemática para eliminar la resistencia a la ocupación de israelí e intimidar a la población civil. De los casi 5 millones de palestinos
que viven en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza, son pocos los que no han sido afectados personalmente por el encarcelamiento por parte de potencia de ocupación, ya sea a través de su propia prisión o de un familiar, amigo o colega. Este número representa aproximadamente el 20 por ciento de la población
palestina total en el territorio del Estado de Palestina ocupado y hasta el 40 por ciento de la población palestina masculina total. También incluye a aproximadamente 10.000 mujeres encarceladas desde 1967, así como a tantos miles de niños palestinos que han sido detenidos desde el año 2000.
Las políticas israelíes de aislamiento masivo siguen siendo la norma para con los prisioneros palestinos, detenidos en un sistema de justicia militar que condena al 99.9% de todos aquellos que pasan por ella.
Según ADDAMEER (conciencia en árabe), la Asociación de Apoyo a los Prisioneros y Derechos Humanos, actualmente (abril 2023) hay más de 4.900 prisioneros políticos palestinos en las cárceles de la ocupación israelí. Entre ellos más de 30 mujeres, 300 niños, 700 enfermos y 1016 son de detención administrativa. Hay 314 prisioneros que llevan más de 20 años en cárceles israelíes de los cual hay 24 que están detenidos desde antes de la firma de los
Acuerdos de Oslo. Además, Israel detiene 237 cuerpos de mártires.
Cientos de estudiantes palestinos son detenidos rutinariamente por las fuerzas de ocupación israelí. Se juzgan por tribunales militares israelíes, que funcionan para sancionar y legitimar la implementación de una prolongada ocupación militar opresiva y violenta. La mayoría de los detenidos son juzgados por su participación en organizaciones estudiantiles en el campus: animar a los estudiantes a unirse a sus grupos; asistir a ferias del libro; organizar eventos sociales, debates y conferencias; y administrar los asuntos diarios de las organizaciones estudiantiles, incluido recaudar fondos, el registro de miembros, etc. Estas actividades son normales en todo el mundo, sin embargo, a los estudiantes palestinos que participan en estas actividades se les acusa repetidamente de “pertenencia a una organización ilegal”. (Fuente: waronwant.org/mondoweiss).
Durante el año académico 2019-2020, en la Universidad de Birzeit solamente, fueron detenidos por las fuerzas de ocupación aproximadamente 74 estudiantes; siendo estos
arrestados y secuestrados de sus casas, lugares de trabajo y campus universitario. (Fuente: @birzeit.university).
Estas detenciones arbitrarias, junto con los ataques a los estudiantes, son parte de una política sistemática opresiva y violenta de la potencia ocupante para socavar el futuro de los jóvenes en un intento de socavar así también la capacidad organizativa de los mismos que manifiestan su rechazo a la ocupación y abogan por la liberación de su pueblo de la colonización y el apartheid.
Israel ha utilizado su poder para arrestar y detener como un medio para controlar a la población palestina y castigar cualquier actividad política dirigida a desafiar la ocupación, violando así los valores y normas fundamentales de los derechos humanos. Incluso los palestinos que protestan pacíficamente por la confiscación de sus tierras están sujetos a arresto y detención.
La mayoría de los presos políticos palestinos son acusados de “delitos” bajo órdenes militares israelíes. Estas órdenes emplean una definición amplia de “seguridad”, de tal manera que prohíben, entre otras cosas, la expresión política. Por ejemplo, la Orden Militar 101 establece que “se prohíbe llevar a cabo una marcha o reunión de protesta (agrupación de diez o más cuando el tema se refiere o está relacionado con la política) sin el permiso del comandante militar”. Artículos políticos e imágenes con “connotaciones políticas” 4. De manera similar, la orden militar 938 incluso considera “apoyar una organización hostil sosteniendo una bandera o escuchando una canción nacionalista” una “acción hostil”.
Las órdenes militares 101 y 938 son sólo dos entre numerosas órdenes que restringen la vida política palestina en el territorio palestino ocupado.
Debido a la amplitud de la definición de “seguridad” de Israel, los palestinos pueden
ser arrestados y encarcelados por prácticamente cualquier tipo de actividad pública,
sin importar si presentan o no la llamada “amenaza a la seguridad”. La implicación
práctica de estos delitos ampliamente definidos es la criminalización de muchos
aspectos de la vida civil palestina. Por ejemplo, los partidos políticos que componen la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) siguen siendo considerados
“organizaciones ilegales”, a pesar de que Israel ha entablado negociaciones con la OLP desde 1993 y coordina los aspectos de seguridad con la Autoridad Nacional Palestina. Llevar una bandera palestina es considerado también un crimen bajo las regulaciones militares israelíes. La participación en una manifestación se considera una interrupción del orden público. Verter café para un miembro de una asociación declarada “ilegal” puede ser visto como apoyo a una “organización terrorista”.
Las condiciones de vida de los presos políticos palestinos y árabes detenidos por Israel están muy por debajo de las normas aceptadas, incluidas las del derecho internacional humanitario, las normas de derechos humanos y las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los presos. Entre los ejemplos se incluyen el abuso, la denegación y la limitación de los derechos de visita familiar, la prohibición del contacto físico durante las visitas familiares, la reducción de las horas de acceso al exterior y los paseos, la prohibición de visitas entre prisioneros, comunicaciones y
bienes desde el exterior.
Desde su creación, Israel ha mantenido los restos de palestinos caídos bajo su custodia, negándose a devolver dichos restos a las familias para un entierro digno. Si bien el número exacto de restos de palestinos caídos en poder de Israel en estos cementerios no está disponible públicamente, las organizaciones palestinas estiman que el número es de cientos y, por lo tanto, han documentado 302 casos basados en información de primera mano obtenida directamente de las familias en el TPO.
No hay justificación para la negativa de Israel a abordar esta cuestión humanitaria que impide que las familias obtengan un cierre y un entierro digno para sus seres queridos.
Cualquier acuerdo de paz genuino debe anteponer el retorno de los restos de todos los palestinos caídos y sus efectos personales que se encuentran en Israel. Además, se debe proporcionar a las familias toda la información disponible sobre los restos de palestinos desaparecidos o desaparecidos en el extranjero.
Las organizaciones internacionales, israelíes y palestinas de derechos humanos han documentado a fondo los fallos del sistema de tribunales militares israelí, a la hora de proporcionar a los palestinos las debidas garantías mínimas de proceso. Algunos de
los fallos del sistema incluyen lo siguiente:
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