AMNISTÍA INTERNACIONAL. COMUNICADO DE PRENSA. 07.00 horas GMT del lunes 5 de febrero de 2024
“Con los ojos del mundo puestos en Gaza, las fuerzas israelíes han desencadenado en los últimos cuatro meses una oleada de violencia brutal contra la población palestina en la Cisjordania ocupada en la que han cometido homicidios ilegítimos —incluso usando fuerza letal sin necesidad o de forma desproporcionada durante protestas— y operaciones de detención, y negando asistencia médica a las personas heridas”, ha declarado Amnistía Internacional.
La organización ha investigado cuatro casos representativos en los que las fuerzas israelíes usaron fuerza letal ilegítima —tres en octubre y uno en noviembre— causando el homicidio injustificable de 20 personas palestinas, 7 de ellas menores de edad. El equipo de investigación entrevistó a distancia a 12 personas, 10 de ellas testigos presenciales entre los que había personal de primera intervención, y residentes locales. En el examen de estos 4 incidentes, el Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de la organización verificó 19 vídeos y 4 fotografías. La investigación de Amnistía Internacional también halló que las fuerzas israelíes habían obstaculizado la prestación de asistencia médica a personas que tenían heridas potencialmente mortales, y atacado a quienes trataban de atender a personas palestinas heridas y también a personal paramédico incluido.
En los últimos meses, Israel ha redoblado los ataques mortales en Cisjordania y las tensiones se han disparado. En un incidente reciente, las fuerzas israelíes llevaron a cabo un ataque haciéndose pasar por personal médico. En Cisjordania han muerto violentamente al menos 507 personas palestinas —de las que 81, como mínimo, eran menores— en 2023, en el que ha sido el año más mortal para la población palestina desde que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) comenzó a registrar el número de víctimas en 2005. “So pretexto del implacable bombardeo y los crímenes atroces en Gaza, las fuerzas israelíes han desencadenado una fuerza letal ilegítima contra la población palestina en la Cisjordania ocupada, cometiendo homicidios injustificados y exhibiendo un desprecio escalofriante por las vidas palestinas. Estos homicidios ilegítimos constituyen una violación flagrante del derecho internacional de los derechos humanos y se están cometiendo con impunidad en el contexto del mantenimiento del régimen institucionalizado israelí de opresión y dominación sistemáticas de la población palestina”, declaró Erika Guevara Rosas, directora de Investigación, Trabajo de Incidencia y Política Globales de Amnistía Internacional.
“Estos casos ofrecen pruebas estremecedoras de las consecuencias mortales del uso ilegítimo de la fuerza que hace Israel contra la población palestina en Cisjordania. Las autoridades israelíes, incluido el sistema judicial israelí, vienen demostrando una vergonzosa falta de voluntad de garantizar justicia para las víctimas palestinas. En este clima de impunidad casi total, debe intervenir un sistema de justicia internacional que se precie. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional debe investigar estos homicidios y lesiones como posibles crímenes de guerra de homicidio intencional y causar deliberadamente grandes sufrimientos o lesiones graves. La situación de Palestina e Israel es una prueba decisiva para la legitimidad y reputación de la Corte que no puede permitirse el lujo de fallar.
Desde el 7 de octubre, en toda Cisjordania, el uso de fuerza ilegítima por las fuerzas de seguridad israelíes durante operaciones de aplicación de la ley es implacable y siembra el miedo y la intimidación en comunidades enteras; también se usa para dispersar concentraciones y protestas que se celebran en solidaridad con Gaza y para exigir la libertad de las personas palestinas presas y detenidas.
Entre el 7 de octubre y el 31 de diciembre de 2023, han muerto violentamente 299 personas palestinas, lo que representa un aumento del 50% en comparación con los primeros 9 meses del año. Al menos otras 61, 13 menores entre ellas, han perdido la vida hasta ahora en 2024, a fecha 29 de enero, según la OCAH.
Amnistía Internacional envió peticiones de información sobre los cuatro casos investigados a la unidad de portavoces del ejército israelí y al comandante de distrito de Jerusalén el 26 de noviembre. En el momento de la publicación no había recibido respuesta. Amnistía Internacional sigue investigando otros casos de uso excesivo de la fuerza durante operaciones de aplicación de la ley, como los reiterados asaltos y ataques en Yenín y Tulkarem, en el norte de la Cisjordania ocupada. Israel tiene un historial bien documentado de uso de fuerza excesiva y a menudo letal para sofocar la disidencia y aplicar su sistema de apartheid contra la población palestina que conduce a una constante histórica de homicidios ilegítimos cometidos con impunidad.
“Dispararon tres balas sin piedad”: El asalto de octubre a Nour Shams
Desde el 7 de octubre, las fuerzas israelíes han intensificado los asaltos, que llevan a cabo casi a diario, en toda la Cisjordania ocupada en lo que denomina operaciones de registro y detención. Según la OCAH, más del 54% de las 4.382 personas palestinas heridas en Cisjordania lo fueron durante este tipo de operaciones. En un caso ilustrativo investigado por Amnistía Internacional, fuerzas militares y de la Policía de Fronteras israelíes usaron fuerza excesiva durante un asalto de 30 horas contra el campo para personas refugiadas de Nour Shams, en Tulkarem, iniciado el 19 de octubre. Durante la operación, las fuerzas israelíes mataron a 13 personas palestinas, 6 de ellas menores —de las que 4 tenían menos de 16 años— y detuvieron a 15. Según fuentes militares israelíes citadas por los medios de comunicación, un policía de fronteras israelí murió y nueve resultaron heridos después de que personas palestinas les lanzaran un artefacto explosivo improvisado.
Residentes del lugar dijeron a Amnistía Internacional que, durante la operación, los soldados israelíes asaltaron más de 40 viviendas donde destruyeron pertenencias personales e hicieron agujeros en las paredes para usarlos de puestos de francotirador. Además, cortaron el agua y la electricidad del campo, y los soldados usaron excavadoras para destruir caminos públicos, tendidos eléctricos e infraestructura de agua.
Una de las personas que murieron fue Taha Mahamid, de 15 años, a quien las fuerzas israelíes mataron a tiros delante de su casa cuando salió a ver si las fuerzas israelíes se habían marchado. Según testimonios de testigos y vídeos que ha examinado Amnistía Internacional, Taha iba desarmado y no representaba ninguna amenaza para los soldados en el momento en que le dispararon. En un vídeo filmado por una de sus hermanas y verificado por el Laboratorio de Pruebas de Amnistía se ve a Taha caminando por la calle, asomándose para comprobar la presencia de soldados y luego cayendo en la calle, delante de la casa, después de que se oyera el sonido de tres disparos. Fatima, hermana de Taha, contó a Amnistía Internacional: “No le dieron ni una oportunidad. En un instante, mi hermano fue eliminado. Dispararon tres balas sin piedad. La primera le alcanzó en la pierna. La segunda, en el estómago. La tercera, en el ojo. No había enfrentamientos… no había conflicto”.
Un testigo presencial dijo a Amnistía Internacional que cuando Ibrahim Mahamid, el padre de Taha, intentó poner a salvo a su hijo herido, las fuerzas israelíes le dispararonen la espalda. Un vídeo verificado filmado por una de las hermanas de Taha inmediatamente después de los disparos muestra al padre de Taha en el suelo, junto a Taha, antes de alejarse cojeando. Fatima Mahamid añadió: “[Mi padre, Ibrahim] levantó las manos, mostrándoles [a los soldados] que no llevaba nada. Sólo quería llevarse a su hijo. Le dispararon una sola bala y mi padre cayó al lado de Taha”. Ibrahim Mahamid sufrió daños graves en los órganos internos y tuvo que ser ingresado en cuidados intensivos. Ni Taha ni Ibrahim Mahamid representaban una amenaza para las fuerzas de seguridad ni para ninguna persona cuando dispararon contra ellos. Este uso innecesario de fuerza letal debe investigarse como posible crímenes de guerra de homicidio intencional y causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud. Aproximadamente 12 horas después del homicidio de Taha Mahamid, el ejército israelí irrumpió en la vivienda de su familia y tuvo unas 10 horas encerrados a sus familiares, tres menores de corta edad entre ellos, en una habitación bajo la supervisión de un soldado. También hicieron agujeros en la pared de dos habitaciones para situar a francotiradores con vistas a la vecindad. Un testigo dijo que los soldados registraron la casa, golpearon a un miembro de la familia y que vio a un soldado orinando en la puerta.
En vídeos verificados por Amnistía Internacional se ven excavadoras militares israelíes causando daños en las estrechas calles del campo de personas refugiadas de Nour Shams. Además, un vídeo publicado por la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja (SPMLR) y verificado por el Laboratorio de Pruebas de Amnistía muestra los enormes daños sufridos por un camino dentro del campo para personas refugiadas de Nour Shams, que dificultaron la evacuación médica de personas heridas durante el asalto.
Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes palestinos
Desde el 7 de octubre, se han celebrado con frecuencia en toda la Cisjordania ocupada protestas en solidaridad con la población palestina de Gaza. Estas manifestaciones han sido en su mayor parte pacíficas, aunque se ha visto a algunas personas lanzando piedras como reacción a la presencia o la intervención contundente de las fuerzas israelíes. El uso por las fuerzas israelíes de fuerza letal en respuesta al lanzamiento de piedras por parte de jóvenes es contrario al derecho a la vida consagrado en el derecho internacional de los derechos humanos y en las normas internacionales que regulan el uso de la fuerza en la labor policial. La fuerza letal en la aplicación de la ley sólo puede emplearse cuando hay una amenaza inminente para la vida; su uso no es una respuesta proporcional al lanzamiento de piedras.
Dos testigos contaron a Amnistía Internacional un caso atroz ocurrido el 13 de octubre en Tulkarem, cuando las fuerzas israelíes situadas en una torre de vigilancia militar en una de las entradas principales de la población y las que estaban en el tejado de una vivienda próxima abrieron fuego contra una multitud de al menos 80 personas palestinas desarmadas que se manifestaban pacíficamente en solidaridad con Gaza.
Dos periodistas que estaban en el lugar contaron a Amnistía Internacional por separado que habían visto a las fuerzas israelíes disparando dos botes de gas lacrimógeno contra la multitud y, poco después, abriendo fuego con munición real contra ésta sin que mediaran disparos de advertencia. Los dos periodistas vieron a cuatro personas caer heridas por los disparos cuando trataban de huir del tiroteo. Unos minutos después, las fuerzas israelíes también abrieron fuego en la dirección donde estaban los periodistas a pesar de que ambos llevaban chalecos claramente marcados Press (prensa). Los periodistas se escondieron detrás de un muro junto con tres niños y tuvieron que quedarse allí unas dos horas, mientras continuaba la operación. Durante este tiempo, vieron cómo un soldado israelí disparó e hirió a un palestino que pasó junto a ellos en bicicleta. Una de los periodistas vio también cómo disparaban a otro manifestante en la cabeza y contó que la víctima recibió un disparo repentino y cayó al suelo. Murió más tarde de sus heridas. En otro incidente ocurrido el 27 de noviembre en Beitunia, cerca de Ramala, las fuerzas israelíes usaron fuerza excesiva contra una multitud de personas palestinas que se habían congregado para dar la bienvenida a los presos excarcelados de la prisión de Ofer como parte del acuerdo entre Israel y Hamás durante la pausa humanitaria temporal en Gaza. Los testigos contaron a Amnistía Internacional que el ejército israelí había disparado munición real y balas recubiertas de caucho contra la multitud y usado drones para lanzar botes de gas lacrimógeno. También dijeron que las fuerzas israelíes emplearon una excavadora militar y condujeron vehículos todoterreno militares contra las personas reunidas. Un testigo vio cómo dispararon al pecho al residente Yassine al Asmar cuando estaba de pie entre la multitud y que las ambulancias no pudieron llegar hasta él porque las fuerzas israelíes seguían disparando. En su lugar, sus amigos lograron sacarlo de allí y llevarlo a un hospital de Ramala, donde fue declarado muerto poco después.
Vídeos verificados por el Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional muestran a algunos manifestantes lanzando piedras y quemando neumáticos en la zona, así como al menos una persona lanzando un cóctel molotov contra una excavadora. Según el derecho internacional, lanzar piedras o quemar neumáticos no justifica una respuesta de aplicación de la ley que implique el uso de armas de fuego. El derecho internacional prohíbe el uso de fuerza letal contra personas que no suponen una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. Estos disparos deben investigarse como posibles crímenes de guerra de homicidio intencional por causar deliberadamente grandes sufrimientos o lesiones graves. Uno de los testigos dijo: “Tratan de estropear nuestra celebración de la libertad de los presos y hacer valer su dominio”.
“Vi […] cómo disparaban a la ambulancia”: Obstrucción de la asistencia médica
La obstrucción de la asistencia médica por las fuerzas israelíes durante sus operaciones en los Territorios Palestinos Ocupados es una práctica habitual que Amnistía Internacional viene documentando desde hace años y forma parte del sistema israelí de apartheid. Según el derecho internacional, las fuerzas israelíes tienen la obligación de asegurarse de que toda persona herida por sus fuerzas puede acceder a tratamiento médico. Amnistía Internacional ha investigado cinco casos en las que las fuerzas israelíes dificultaron o impidieron que personas heridas de gravedad en manifestaciones y asaltos recibieran asistencia médica crítica. También dispararon contra personas palestinas que trataban de ayudar, e incluso contra personal médico que atendía a los heridos.
El 10 de octubre, en Ein al Lozeh, barrio de Silwan de la Jerusalén Oriental ocupada, una unidad de la patrulla de la Policía de Fronteras israelí mató ilegítimamente a Ali Abbasi, que iba desarmado y trataba de poner a salvo a Abd Al Rahman Faraj, a quien la misma unidad que patrullaba en la zona acababa de disparar. Habían estallado enfrentamientos entre la población palestina y la Policía de Fronteras israelí en el barrio. La población usaba cohetes pirotécnicos y las fuerzas israelíes, munición real. El Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía verificó tres vídeos grabados desde ángulos diferentes en los que veía que los cohetes pirotécnicos alcanzaban la parte trasera y los laterales de un coche de la policía. Durante estos enfrentamientos, Abd Al Rahman Faraj fue alcanzado por un disparo. Poco después, Ali Abbasi intentó poner a Faraj a salvo. Un testigo presencial, que habló con la condición de mantener el anonimato por razones de seguridad, dijo a Amnistía Internacional que vio a las fuerzas israelíes disparando a Ali Abbasi en la cabeza cuando trataba de sacar a Faraj del lugar. El testigo afirmó que las fuerzas israelíes amenazaron después con disparar a quien tratara de ayudar a los dos hombres y obstaculizó el paso de una ambulancia que trataba de llegar hasta las víctimas, dejando a éstas sangrando en el suelo más de una hora. Los hombres fueron recogidos más tarde por una ambulancia militar israelí y todavía no se han devuelto sus cuerpos a sus familias.
De forma similar, durante la represión de la manifestación de Tulkarem del 13 de octubre, testigos presenciales de los disparos efectuados por las fuerzas israelíes contra el hombre palestino que iba en bicicleta dijeron a Amnistía Internacional que los soldados israelíes dispararon también al paramédico que trató de rescatar a la víctima cuando se acercaba a ésta. Una de los dos periodistas que presenciaron el incidente dijo a Amnistía Internacional que vio que disparaban al hombre de la bicicleta en una pierna antes de que cayera: “Gritaba. Y entonces, uno de los tipos de la ambulancia trató de moverlo y salvarle la vida, pero el francotirador israelí siguió disparando. Vi con mis propios ojos a los francotiradores israelíes disparando al personal médico y a la ambulancia”.
En un tercer ejemplo, durante el asalto a Nour Shams del 19 de octubre, tres testigos, uno de los cuales era un paramédico que estaba en el lugar, vieron que detenían a dos ambulancias en la entrada del campo y que les impedían llegar hasta los heridos. Los testigos dijeron que obligaron a residentes a transportar a las personas heridas a un hospital en coches particulares. Familiares de Ibrahim Mahamid que presenciaron cómo le disparaban cuando trataba de poner a salvo a su hijo herido Taha dijeron a Amnistía Internacional que, durante más de una hora, no habían permitido que recibiera asistencia médica. La organización también habló con un paramédico que estaba en el lugar y que confirmó que había estado más de una hora intentando llegar hasta Ibrahim Mahamid, pero que las fuerzas israelíes detuvieron la ambulancia en la entrada del campo y dejaron que Ibrahim se desangrase durante todo ese tiempo.
Durante el asalto que tuvo lugar en Yenín el 9 de noviembre, el ejército israelí atacó a personal médico que trataba de atender a una persona que tenía una herida de bala dentro del campo de personas refugiadas de Yenín. La OCAH informó de que las fuerzas israelíes habían matado a 13 personas palestinas durante esta operación que duró 12 horas y en la que hubo tanto enfrentamientos armados como ataques aéreos. Según un testigo, las fuerzas israelíes dispararon en la región lumbar a Sabreen Obeidi, paramédica de la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja, cuando estaba dentro de una ambulancia de la Sociedad estacionada en el campo para personas refugiadas de Yenín.
Durante ese asalto del 9 de noviembre, las fuerzas israelíes también dispararon contra otras dos ambulancias de la SPMLR que habían entrado en el campo a recoger a personas heridas. Imágenes de vídeo de una cámara instalada dentro de una ambulancia de la SPMLR enviadas a Amnistía Internacional y verificadas por el Laboratorio de Pruebas de la organización muestran cómo un cartucho alcanza la carretera a unos dos metros de la ambulancia. El incidente que se ve en el vídeo fue narrado también a Amnistía Internacional por un paramédico que estaba dentro de la ambulancia, que dijo que también había visto a otros dos paramédicos contra quienes había disparado un francotirador situado en un edificio al otro lado de la calle. El derecho internacional exige que se respete y proteja a las personas enfermas y heridas, y al personal médico. Obstaculizar el acceso a atención médica viola el derecho a la salud y los derechos a la seguridad de la persona, u a no ser objeto de tortura y trato o pena cruel, inhumano o degradante, y puede dar pie a violaciones del derecho a la vida.
“Amnistía Internacional lleva tiempo documentando homicidios ilegítimos a manos de las fuerzas israelíes y cómo estos actos entran dentro del sistema de apartheid en el que está encerrado la población palestina. Ya es hora de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional investigue estos homicidios y el crimen de apartheid en su investigación sobre la situación de Palestina”, concluyó Erika Guevara Rosas. Información general sobre las normas legales internacionales
En la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, Israel es la potencia ocupante y sus acciones están sujetas, además de al IV Convenio de Ginebra y al derecho sobre la ocupación, a sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. En la labor policial en manifestaciones y en el desempeño de otras funciones de aplicación de la ley en Cisjordania, incluidas las denominadas operaciones de registro y detención, las fuerzas israelíes deben respetar los derechos humanos, incluidos los relativos a la vida y la seguridad de la persona, y los relativos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como las normas internacionales que desarrollan la forma en que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han de respetar los derechos humanos, como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la ONU.
Estas normas prohíben el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley salvo que sea estrictamente necesario y en la medida exigida para el cumplimiento de su deber. Asimismo, estipulan que las armas de fuego sólo deberán emplearse como último recurso, es decir, cuando sea estrictamente necesario para que el personal militar o policial se proteja a sí mismo o a otras personas frente a una amenaza inminente de muerte o lesión grave. El uso deliberado de armas de fuego letales sólo es permisible cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. El homicidio intencional de personas protegidas y causar deliberadamente grandes sufrimientos o lesiones graves a personas protegidas son infracciones graves del IV Convenio de Ginebra y constituyen crímenes de guerra.
